Un grupo de vecinos, de un partido político, presentaron en las últimas horas un pedido de Juicio Político al concejal colectivero Samuel Alarcón.
La presentación del pedido de destitución previo juicio político la realizó el integrante del Partido Liberar de Puerto Madryn, Juan Manuel Olmedo, quien canalizó la inquietud de algunos vecinos que, entienden, existe una incompatibilidad en el ejercicio de su función como edil.
Este grupo de personas considera que no debería ser colectivero y concejal. Y, aunque desde el propio Concejo Deliberante de Puerto Madryn entienden que la iniciativa no tendría “asidero”, saben que existen las herramientas para analizar el tema; y que probablemente se le de tratamiento. Más allá del resultado.
Concejal colectivero
No es la primera vez que el edil es “descalificado” por su labor profesional, la que como chofer en el Transporte Público de Pasajeros de la ciudad fue elegido por sus pares como representante sindical y, desde esta plataforma, encabezó la lista del partido PICh, que lo puso en la banca que hoy ocupa.
Por ejemplo, intentó descalificarlo por ser el «concejal colectivero», el politólogo (como se presenta) concejal de JxC Hernán Pereira, consideró que cambiar “un contador por un colectivero” era un “grave error”. Sorprendente que un “politólogo” no entienda que la calidad de un edil no se califica por su profesión, sino por su labor como tal; ni aún menos el hecho de que se trata de la casa que representa los intereses de la comunidad, en la que no solo hay contadores y politólogos, sino todo tipo de profesiones y oficios, como contadores, albañiles, empleados públicos, y hasta periodistas, entre muchísimos otros.
No obstante, al “concejal colectivero”, en la ocasión se lo acusa de “conflicto de intereses”, figura que está contemplada en la Carta Orgánica Municipal. En la presentación entienden que el actual edil “sigue perteneciendo a la planta de personal de la empresa de transportes Ceferino” y en, lo que sostienen es una “doble condición”, aprobó el cuadro tarifario que benefició a la compañía de la que forma parte.
No es menor mencionar que el “concejal colectivero” fue en una fórmula que tuvo el apoyo del PLICh, que impulsó su candidatura, junto con la de Javier Milei para la Presidencia. Como tampoco podría ser menor que, el edil que ganó el escaño por un partido libertario, al asumir su cargo lo hizo con los “dos dedos en V”, como victorioso, o peronista.
El argumento esgrimido por los vecinos para solicitar la destitución del edil madrynense fue que “Alarcón es empleado de la empresa Ceferino del Sur, según se acredita mediante informe del banco de datos Infoexperto”, agregando que “el día 19 de diciembre de 2024 se llevó adelante, en el marco de una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn, la votación para el aumento tarifario del pasaje de colectivo de la empresa Ceferino del Sur, aumento que posteriormente fuera aprobado y plasmado en la Ordenanza Municipal N.º 14.055, llevando el precio del pasaje de 250 a 600 pesos”.
La nota señala que “en aquella sesión Alarcón fue partícipe y emitió voto a favor del referido aumento, cuando, en realidad, debía abstenerse, atento a la existencia de un evidente conflicto de intereses, teniendo en cuenta su estrecho vínculo con la empresa Ceferino del Sur, en su condición de empleado de la misma, conforme lo expuesto en párrafos precedentes”.
Es por ello, que los firmantes de la nota plantearon que ese accionar es “una clara violación al artículo 44 de la Carta Orgánica Municipal, y una falta de imparcialidad en el accionar del Concejal Alarcón, toda vez que el aumento votado redundaría, sin lugar a dudas, en un beneficio económico directo para la empresa de la que forma parte, poniendo de manifiesto la existencia del conflicto de intereses que fuera señalado, el cual resulta pasible de sanción administrativa conforme lo prescripto por la normativa de referencia”.
Asimismo, sostiene que “la conducta del señor Alarcón no solo contraviene la normativa vigente, sino que también socava gravemente la confianza pública en nuestras instituciones y nuestros funcionarios públicos”.
Sin asidero
Quien recibe el pedido de destitución para el “concejal colectivero” sea destituido, es el presidente del Concejo Deliberante, el viceintendente Martín Ebene. Consultado por este medio sobre la situación y el recorrido que debe hacer este procedimiento, el mismo contestó que “efectivamente ingresó una nota” por parte de vecinos por una votación “ocurrida en diciembre del año pasado”, destacó Ebene.
En este contexto, el viceintendente indicó que “en principio corresponde derivarlo a la Comisión de Gobierno, que por reglamento se analizan las sanciones”. No obstante recordó que “también están designados los integrantes de la Sala de Acusar, y si consideran que hay que abrir una investigación o proceder, van a tener esa instancia para poder determinarlo”
Al ser consultado por su opinión al respecto, no dudó en señalar que “como presidente del cuerpo, más allá que no intervengo en el proceso, entiendo que no tiene ningún tipo de asidero” sentenció. Puso varios ejemplos para entender que “hay muchas otras posibles situaciones donde puede presentar un aparente conflicto de intereses entre los concejales y lo que votan».
Ebene recordó que «por Carta Orgánica todos son nacidos o residentes de la ciudad desde hace más de cinco años, y todos somos socios de la Cooperativa y en alguna oportunidad les toca votar al respecto, algunos son empleados municipales y se vota el Estatuto, empleado de la cooperativa, en este caso empleado de la empresa de transporte, en todos los casos haciendo uso de su respectiva licencia, algunos son socios de clubes y en alguna oportunidad se ha votado un beneficio para esos clubes” dijo.
No es menor lo que plantea Martin Ebene, quien no defiende al concejal por quién se trata, sino por algo muy simple, “todos son de la ciudad, pueden ser propietarios y podrían votar por una obra que pasa por el frente de su casa, impuestos inmobiliario o automotor que ellos mismos deben pagar o dejar de hacerlo” y que “hay muchos ejemplos similares del planteo que hacen estos vecinos”. Así mismo señaló que “si comenzamos a hilar fino, la verdad que deberíamos importar concejales de Buenos Aires o de otra localidad, porque por vivir en la ciudad alguna vez les puede tocar votar algo que puede afectar sus vidas” cerró.
Está tranquilo
Por su parte, el concejal colectivero, Samuel Alarcón respondió a Diario Sur sobre su visión al respecto, afirmando que la denuncia “carece de fundamento” ya que “no tiene relación con lo que están mencionando”. Alarcón fue claro al sostener que no tiene “ninguna relación laboral, no percibo haber de la empresa Ceferino del sur”. Quizás, el error surge de su origen sindical, ya que menciona que “miembro de la comisión directiva de UTA, que nucléa a todos los trabajadores de transporte de la provincia, en este caso, la Seccional Trelew” aseguró
Alarcón aseguró que está “tranquilo” aunque lamenta “el uso que se hace y que se confunde a la gente con opiniones desacertadas”; aunque reconoció se trata que pasa cuando “uno es una persona publica”.
Concejo de Elite
No es menor mencionar, en la opinión de este medio, que el Concejo Deliberante es el espacio para debatir y formular las normas que afectan a todos los vecinos de la ciudad. Entendemos, en este contexto, que el hecho de cambiar un “contador por un colectivero” no es un hecho de desmedro; y, ser concejal colectivero sea un insulto ni un desmérito. Todos los ciudadanos que cumplan los requisitos para asumir como tal, pueden ser concejales. Ni es menor mencionar que es la idoneidad la base para ejercer un cargo público.
Esto permite la pluralidad de voces que mantienen el sistema democrático en el que se produce el ejercicio de la política. Si solo las personas con “profesiones nobles” fueran los únicos en tener acceso a estos cargos, si la condición de profesional es la que debe primar a la hora de elegir a un concejal, viviríamos en una ciudad elitista, donde las personas que la integran, en su mayoría “gente común” no podrían tener ni voz ni voto. Lo sabe este periodista, lo debería saber cualquier politólogo.
Aunque, si el cuerpo entiende el edil cometió una falta grave, deberá actuar como lo indique la Carta Orgánica Municipal, en la que no establece límites de nobleza o profesión para ser concejal.