El acto del 24 de marzo es un ejemplo para analizar el poder de convocatoria de las grandes causas, el poder ganar la calle y si el tránsito es o no la prioridad absoluta de los derechos civiles. Por qué tuvimos que discutir si manifestarse está bien o está mal.
Llegar ver lo que se vio este lunes 24 de marzo, no fue gratuito. Primero, porque el origen de dicho acto no es más ni menos que la conmemoración de la instauración de uno de los momentos más críticos de la historia de la Argentina. La Dictadura Cívico Militar, impuesta por el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, y que tuvo como resultado la muerte y desaparición de ciudadanos y ciudadanos de la Argentina, e incluso extranjeros que eran considerados peligrosos para el régimen. Por otro lado, porque en las últimas manifestaciones populares estuvimos a casi nada de tener un muerto en la calle.
Es por ello que nos resta pensar, por qué hemos llegado a este punto donde no podemos ponernos de acuerdo en entender si, protestar está bien o está mal. Nadie puede negar que el derecho a transitar y hacer nuestra vida de modo que nos parece, es un derecho inalienable. Pero, existe una gran razón para comprender que algo pasó en el medio para que exista una enorme grieta, prácticamente incurable, sobre esta discusión.
Opinión cercenada
Si miramos la historia argentina, podremos encontrar muchos casos donde opinar distinto a la línea de pensamiento oficial estaba duramente castigado. Y, principalmente podemos encontrar estos hechos durante las distintas dictaduras que azotaron a nuestro país. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, el famoso bombardeo a la Plaza de Mayo que sirvió como punto para el derrocamiento de un gobierno democrático, las muertes de periodistas, estudiantes, sindicalistas, políticos, artistas, ciudadanos trabajadores; todos considerados subversivos por no aceptar una dictadura. Y la gran, gran mayoría, no eran terroristas. Como también las represiones a marchas y manifestaciones, muchas de ellas que terminaron con muertos y desaparecidos.
La democracia no fue tampoco muy amable con algunas expresiones contrarias a los gobiernos. No podemos olvidar el fatídico diciembre de 2001, que concluyó con 39 muertos y alrededor de 500 heridos. Las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron dos militantes sociales asesinados por la policía el 26 de junio de 2002 en la estación de trenes de Avellaneda. O el docente Carlos Fuentealba asesinado en una manifestación en Neuquén en 2007. Entendiendo que, claramente, a los gobiernos “autopercibidos” progresistas, tampoco le gusta que les toquen la paciencia.
Perder la calle
Más allá de las circunstancias, de los reclamos, no hay dudas que a la gente no le gusta que la jodan. Quiere ir de su casa al trabajo, o viceversa, o simplemente ir a jugar un partido de fútbol con los amigos, o desplazarse por la razón que sea, sin ser molestado e interrumpido en el camino. Y está muy bien, incluso si comulga o no con los reclamos que se susciten en esa interrupción, en esa manifestación.
Así fue que, en pleno gobierno “autopercibido” progresista, uno que en realidad nunca pudo o supo encontrar su propia identidad (me refiero al de Alberto Fernández), la gente se terminó hinchando los “cojones” por la innumerable cantidad de manifestaciones con cortes de calles que terminó siendo una catástrofe para el único medio que tiene el ciudadano de a pie para reclamar a las autoridades por sus derechos, la Protesta Social.
Lo más grave, y podríamos hablar de casos comprobados, esas manifestaciones estuvieron muy plagadas de sospechas de corrupción y de que los manifestantes eran obligados a ir a cambio de los planes que, en muchos casos, eran el único sostén económico que tenían esas familias. Molestaban y tenían un plan sistemático para joderle la vida a la gente en lo que, al parecer, terminaba siendo un negocio para muchas organizaciones sociales. Muchas de las cuales tenían el manejo de los Planes Sociales que el Gobierno les había dado el manejo discresional, dicho sea de paso, cosa que ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri. Es decir que, el último presidente fue un total inútil, incapaz de quitar el manejo de la herramienta fundamental de coerción que tenían estos dirigentes. Algunos de los cuales, incluso, terminaron siendo funcionarios públicos nombrados por Fernández y que, cuando la cosa se puso peluda, lo dejaron más solo que loco malo.
Ganar la calle
Pero, por suerte, algo pasó estos días. Luego de la salvaje represión que el gobierno de Javier Milei, de la mano de su inefable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le propinó a los jubilados y manifestantes que, incluso casi termina con la vida de un joven reportero gráfico, militante, sí, pero que nada tenía que ver con las acusaciones que esta señora ministra hizo sobre Pablo Grillo para justificar el accionar, fueron todas y cada una, una vil mentira. Más allá de los esfuerzos para intentar ocultar que sus argumentos eran erróneos, falaces y que hubo hechos que no quieren que se investiguen, sirvió para demostrarles que, su modelo represivo no funciona.
La siguiente marcha, no fue lo mismo. La reducción en la cantidad de personal en las Fuerzas de Seguridad, fue clave. Apenas un grupúsculo de tarados intentó hacer algo de daño. Pero se trataba de delincuentes, típicos, que en cada ocasión aparecen para aprovechar “el quilombo” para sacar algún provecho.
Y, lo de ayer 24 de marzo, muchísimo más claro. Cuando hay voluntad de manifestar nuestro derecho inalienable de expresión, no hay necesidad de tener que reprimir a nadie. Tan mal les salió la cosa que, en lugar de reducir al mínimo necesario la presencia de personal de seguridad, este no existió. Y su total ausencia no se notó en lo absoluto.
Qué va pasar ahora
No lo sabemos. Estamos ante un gobierno bastante impredecible. Porque no es un gobierno coherente ni consigo mismo. Tal vez, se den cuenta que en la próxima manifestación de jubilados, si no hay personal de las Fuerzas, armados hasta los dientes, la cosa no se descalabre. Y eso lo terminen viendo como una pérdida y decidan, efectivamente, enviar nuevamente a toda la tropa para que, al menos uno que otro descalabro haya. Y esto puede ser muy peligroso, porque estamos ante una sensibilidad social muy endeble, de un lado y del otro de la grieta.
El Derecho a expresarnos es una garantía que los ciudadanos tenemos para protestar por lo que consideramos injusto. Como que, el mismo gobierno te dice que para vivir se necesita más de un millón docientos mil pesos, y lo que se les paga no alcanza, con aumentos y bono incluido, los 350 mil pesos. Es decir que un jubilado necesita cobrar tres jubilaciones mínimas para no ser pobre. Aunque se deba buscar la vuelta para evitar molestar a quien no le importa esto, dejemos en claro el hecho de que, lo que pierdo yo en tiempo para llegar a casa un día a la semana, (hasta que se cumpla con los reclamos) no tiene punto de comparación.